Nosotros, estudiantes de la USP, organizados en el movimiento de ocupación y con apoyo de los trabajadores, lanzamos este manifiesto a fin de posicionarnos frente a la sociedad sobre lo que viene ocurriendo en nuestra Universidad.
Existe una política represora que ha avanzado contra aquellos que luchan por una Universidad pública. Las acciones de la rectoría de la USP para intensificar el proceso de privatización se han intensificado- lo que se produce dentro de la Universidad cumple, cada vez más, el propósito de atender los intereses del mercado en detrimento de los intereses de toda la población. Con el objetivo de desmantelar el carácter público de la USP, la rectoría ha tomado medidas para exterminar las fuerzas de la resistencia en la Universidad. Más de 26 estudiantes, además de trabajadores y profesores, están siendo procesados por manifestarse políticamente, a través de procesos administrativos con fin de eliminar y expulsar de la Universidad, y procesos criminales con objetivo de prisión.
Con la justificación de garantizar la seguridad, el rector de la USP instauro, por medio de un convenio la presencia de la Policía Militar (PM) en los campus. Con el avance de las persecuciones políticas queda evidente que el verdadero propósito de la PM no es el de inhibir crímenes sino inhibir y combatir manifestaciones políticas y cercenar el derecho de libre expresión de estudiantes y trabajadores.
En un contexto de crisis sistemática del capitalismo, se evidencia, en todo el mundo, el papel de la policía como aparato armado de represión a los movimientos sociales que resisten el avance de la desigualdad y ataques a derechos históricos de la población. En Grecia, durante las protestas contra las políticas de austeridad, los manifestantes han sido reprimidos. En Londres y en Madrid la situación es muy parecida. En Chile un millón de estudiantes van a las calles exigiendo una educación pública y gratuita, y la violencia contra manifestantes es igualmente fuerte.
En Brasil los conflictos en 2009 en Paraisopolis, la represión cotidiana de las APP´s a los habitantes de los cerros cariocas, las violencias policiales contra ambulantes en lucha en el centro de Sao Paulo indican el mismo sentido de la actual militarización de la USP: la represión policial ataca a aquellos que luchan por sus derechos elementares. Y esa represión, destáquese, es falsa: la propia ONU, organismo legitimador del imperialismo, reconoce a la policía brasileña es la que más mata en el mundo.
El día 08/09/2011, el Rector Reitor João Grandino Rodas, sustentado institucionalmente por un Consejo Gesto antidemocrático (sólo 30% de los miembros representan trabajadores y estudiantes juntos), firmó un convenio con la PM. Para enmascarar el convenio Rodas-PM, la Rectoría se aprovechó oportunistamente de la muerte del estudiante Felipe Ramos de Paiva, que ocurrió dentro del campus. Lo que fue omitido es que en el día del asesinato la PM ya estaba actuando dentro de la Universidad- inclusive haciendo revisiones frente al lugar de lo ocurrido. En los últimos días, para legitimar la violencia ocurrida en la USP sin explicitar su carácter político, usan de manera oportunista el lema de la “lucha a las drogas”, para, así, justificar el clima de miedo que han promovido dentro de la Universidad diariamente. En los cerros de Rio y en todas las periferias brasileñas, la represión tiene la misma cara: atacar las libertades más elementales de todo el pueblo pobre.
Lo que los medios no dicen es que la policía que encuadra estudiantes en la USP por portar mariguana es la misma que actúa con el narcotráfico, recibiendo el lucro de las ventas con una mano mientras reprime con la otra. Lo que los medios omiten es que la policía que invade casas en las favelas y dispara a mujeres y niños con la justificación de detener a los traficantes es la misma que es socia del tráfico. Eso expresa la hipocresía de combatir el narcotráfico en las universidades y en las favelas, pues los verdaderos promotores y beneficiarios de ese mercado, uno de los más lucrativos en el mundo, son las industrias farmacéuticas, la policía, las clínicas privadas entre otros.
Esa represión ha avanzado, pues la ley vigente que supuestamente despenaliza la portación de mariguana sólo funciona como cortina de humo, levantada por el sistema para dificultar la profundización en el debate sobre la legalización de la mariguana y para criminalizar la pobreza, movimientos sociales e a activistas políticos.
La actuación de la PM dentro de nuestro campus el pasado jueves 27 de octubre fue solamente uno de los episodios de cacería de estudiantes y trabajadores de la USP por la PM. La semana pasada estudiantes de la Escuela Politécnica fueron abordados dentro de sus Centros Académicos. En la escuela de Comunicación y Arte (ECA) un estudiante fue revisado por la policía con la justificativa de “mirar feo” a los policías. En los últimos meses no fueron pocas las averiguaciones dentro de los Centros Académicos, lo que no impidió el robo en el Centro Académico de la ECA, sólo una semana después de la revisión de la PM en el lugar. El día que culmino con esta ocupación, estudiantes y profesores fueron abordados y revisados frente a la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letra y Ciencias Humanas (FFLCH). Y en esta misma facultad, horas más tarde 3 alumnos fueron detenidos por policías del ROCAM (motorizada). Al intentar impedir la detención de estos colegas, deliberadamente defendida por la Directora Sandra Nitrini, centenas de estudiantes fueron atacados con bombas de efecto moral (de miedo), gas lacrimógeno, spray de pimienta, toletes y balas de goma. Varios estudiantes fueron heridos. Respondimos como pudimos, o sea, corriendo y lanzando palos y piedras.
El discurso de la Rectoría intentó justificar la entrada de la policía usando de manera oportunista el asesinato de un estudiante. Otros casos, sin embargo, no fueron vinculados por los medios y la Rectoría- y eso no fue por casualidad. Uno de esos casos fue la muerte del estudiante Samuel de Souza, habitante del Conjunto Residencial de la USP (CRUSP). Él era negro, pobre, bahiano, y estudiaba filosofía. Quien murió dentro de la USP por negligencia médica de la Rectoría en relación a una política de salud en los campi de la USP. También aconteció la muerte de Cícera, empleada del comedor de pedagogía, asesinada en la favela de San Remo, debido a una “bala perdida” disparada por la policía. La hipocresía del discurso de la Rectoría que dice combatir la violencia, queda claro cuando su propia política de precarización fue responsable por la muerte del trabajador subcontratado de limpieza, José Ferreira, por causa de un accidente de trabajo.
Tales relatos nos impone el cuestionamiento: para qué sirve, de fato, la presencia de la policía dentro de la USP?
El verdadero propósito de la presencia policial es garantizar la ejecución de un proyecto de Universidad, defendida por el Rector João Grandino Rodas. Este proyecto político busca someter la Universidad a los intereses de las empresas y fundaciones privadas, cuyo único objetivo es maximizar sus propios lucros: y es por eso que la investigación sin fines mercadológicos es cada vez más rara en la Universidad. La estructura que soporta este proyecto se hace representada sólo por un pequeño grupo de personas, inmerso en las relaciones políticas bastante dudosas con las grandes corporaciones, fundaciones y el gobierno del Estado de São Paulo. Con disminución de presupuesto para trabajadores efectivos, el aumento de la subcontratación, y sin garantías de contratación de profesores y la sustitución de jubilados, la Universidad ya está cerrada para la mayoría de la población, especialmente a los pobres y negros, se vuelve aún más exclusiva, elitista y mercadológica bajo la administración de Rodas, llevada a cabo con la mano represora de la Policía Civil y Militar.
Simultáneamente a la represión policial, que se produce tanto en la USP y por fuera, la Rectoría está tratando de eliminar los espacios políticos, culturales y de organización de los estudiantes, como el Núcleo de Conciencia Negra, que fue fundado hace 23 años en la USP y hasta ahora no ha sido legitimado por la Universidad, sufriendo amenazas de demolición de los salones donde operan. El CANIL (perrera) – Espacio Fluxus Cultura, uno de los pocos espacios culturales de los estudiantes USP-Butantã, sufrió una tentativa de demolición, que fue impedido por el conjunto de estudiantes. La Moradia Retomada, ocupada debido a la escasez de plazas en el CRUSP, todavía está amenazada por una orden de desalojo solicitada por el Rector. Y el espacio del DCE (Dirección Central de Estudiantes) ocupado, después de su restauración, seria reinaugurado ya no como un espacio autónomo, sino como "Centro de Convivencia de la Rectoría" - lo que fue impedido por los estudiantes.
La rectoría intenta silenciar a todos los movimientos de resistencia de la Universidad con una avalancha de procesos. Los procesos administrativos se basan en el Decreto 52.906, de 1972, Regimen Disciplinar establecido bajo la dictadura militar, que se ejecuta en la USP como "disposición transitoria" hace algunas décadas. Según este decreto, se consideran actos de "indisciplina" de los estudiantes, trabajadores y maestros, capaces de castigo, expresado en el artículo 248, fracción IV, de la "eliminación", las siguientes prácticas: el artículo 250, sección VIII - "promover manifestación o propaganda político-partidista, racial o religioso, así como incitar, promover o apoyar las ausencias colectivas de trabajo en la escuela (la huelga) ", Fracción IV -" realizar acto ofensivo a la moral o las buenas costumbres ", Fracción II" (...) colocar carteles fuera de sitio de las señales para ello". Las acusaciones en se basan los procesos tratan las acciones políticas legítimas como una desviación del comportamiento y son, o cuestionables o engañosas.
Algunos de los procesos fueron abiertos basados únicamente en informes de la policía que muestran, como de costumbre, una versión unilateral de los acontecimientos. En el caso de los procesos penales, existe la amenaza de la detención de las personas sobre la base de cargos falsos por la Consultoría Jurídica de la Rectoría para llevar a cabo su persecución política. Testigos a favor de la Rectoría son generalmente miembros de la dirección, los guardias u otras personas que, habiendo contratos de trabajo con el demandante, tienen sesgado su testimonio. Esta es una de las maneras de producir pruebas falsas. No es de extrañar que se ha creado, por ejemplo, una delegación especial para la represión a las acciones políticas de los trabajadores. Recordando que en 2009 uno de los directores del Sindicato de Trabajadores de la USP fue despedido por la lucha contra la precarización y la subcontratación en la Universidad. La Rectoría ahora trata de preparar el camino para un rápido progreso con los castigos contra los estudiantes, trabajadores y maestros disidentes de la orden privatizadora que se está estableciendo. Por eso es que decidimos cubrir los rostros: por la verdadera amenaza de la represalia política - no porque somos o nos sentimos criminales.
Por esos motivos, estamos en contra a los procesos contra estudiantes y trabajadores y por la revocación completa de esos decretos y procesos criminales y administrativos! Estamos en pro de la revocación inmediata del convenio PM-USP! Fuera la PM!
Mantendremos nuestra ocupación hasta que todas nuestras reivindicaciones sean resueltas.
Llamamos a todos los trabajadores, estudiantes y profesores de la USP, de las Universidades Federales y Estatales, y de toda la sociedad a la participación activa en este movimiento.
Llamamos a la unidad y solidaridad internacional con la lucha contra la privatización y militarización de las universidades.
Estudiantes de la USP campus Butantã.
